El viceportavoz del Grupo Municipal Popular, José López Gamarra, tras conocer que los terrenos de Adif que el Ayuntamiento de Toledo cede a la Empresa Municipal de la Vivienda no van a ser utilizados para construir viviendas sociales sino viviendas de precio libre, considera que con esta acción están incumpliendo el verdadero objeto social de esta empresa.

 

Gamarra entiende que se está incumpliendo el principio de solidaridad y el objetivo social por el cual existe esta empresa pública municipal, vulnerando incluso principios básicos que rigen el mercado libre, y pudiendo incurrir en competencia desleal con promotores y constructores privados.

Para el PP es prioritario garantizar la viabilidad en el tiempo de la Empresa Municipal de la Vivienda, así como hacer prevalecer su principal objetivo por el que se creó, que no es otro que desarrollar la labor social que desde otros ámbitos no se cubren.

Para López Gamarra “La EMV como empresa pública tiene que estar al servicio de los ciudadanos y principalmente de los más necesitados como son los jóvenes que buscan su primera vivienda o familias con recursos limitados que necesitan de la colaboración de su administración más cercana para acceder a una vivienda”.

El viceportavoz, también ha denunciado que esto no es lo que la alcaldesa recoge en su programa electoral, donde en el punto 79 establece que desde la EMV “se impulsarán actuaciones para ofertar viviendas dignas y a precios asequibles a los colectivos más necesitados. Este punto está también recogido en el acuerdo de gobierno con Ganemos.

Para el edil, es necesario salvaguardar el objeto social de la empresa, por lo que pide tanto a la alcaldesa como a sus socios de Ganemos que sean fieles a sus postulados ideológicos, a sus compromisos electorales y pacto de gobierno y defiendan los colectivos más vulnerables y necesitados de la ciudad.

“Los representantes de Ganemos no pueden traicionar a su electorado como llevan haciendo desde que comenzó la legislatura y ha recordado como antes de entrar en gobierno constantemente chillaban y exigían viviendas pública y accesibles para estos colectivos, y ahora prefieren que la vivienda sea privada y que el gerente siga cobrando más de 50.000 euros al año”.